Politica
Interna en la UCR de Corrientes:
La Justicia rechazó la medida cautelar de Ricardo Colombi
El Juez Federal con competencia electoral en Corrientes, Juan Carlos Vallejos, declaró la nulidad de la medida interpuesta por el exgobernador Ricardo Colombi por lo resuelto en la Convención Radical, el 29 de abril.

"Por ello, en análisis superficial, sumario y provisional (fomus bonus iuris), de foco litigioso traído a conocimiento de esta magistratura; la falta de sustento probatorio que permita dar por acreditado el requisito de "versolimitud del derecho", ni el del peligro en la demora, indispensables para la habilitación de la medida que se pretende debe rechazarse la medida cautelar peticionada. Por ello corresponde y así: RESUELVO: Rechazar la medida cautelar solicitada. Notifíquese, regístrese y protocolícese", aseveró en su fallo el Juez Juan Carlos Vallejos.

La medida de Ricardo Colombi

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, Horacio Ricardo Colombi, había pedido a la Justicia Federal que declare la nulidad de lo resuelto por la Convención el 29 de abril.

Colombi sostuvo que se tomó atribuciones que la corresponden al Comité Central y alertó que 12 convencionales presentes no eran afiliados radicales cuando fueren electos en 2022.

Exigió además que la Justicia notifica al comité nacional de la UCR, sobre la sucedido, y pide una medida cautelar innovativa, que le permita seguir al frente del partido, para que los fondos de la fuerza lo maneje él y el tesorero y que no se utilice la cuenta del Banco Corrientes, que resolvió la convención. Colombi argumentó en su escrito judicial que "no fue informado de la reunión de la Convención realizada el 29 de abril". "(El Comité Central) Nunca fue notificado de esta reunión, ni tampoco de la ulterior resolución es que se solicito se pida copia de la resolución la que fuera presentada por los noveles apoderados designados por la Convención".

TEXTO COMPLETO:

Poder Judicial de la Nación

Resolución N° 109/2024

Corrientes, 18 de mayo de 2024.

VISTO: el EXPTE. N° CNE 5029076/1987 caratulado “UNION
CIVICA RADICAL S/ RECONOCIMIENTO DE PARTIDO DE
DISTRITO” que tramita en el Juzgado Federal de Primera Instancia N°
1 de Corrientes con competencia electoral, y
CONSIDERANDO:
I.- Que, el Dr. Horacio Ricardo Colombi, con patrocinio letrado,
interpone acción contenciosa electoral en los términos del art. 65 de la
Ley 23298, contra la Honorable Convención Provincial de la Unión
Cívica Radical, a fin que se decrete la nulidad la Resolución de fecha
29 de abril dictada por ese órgano partidario y peticionando medida
cautelar tendiente a que se suspendan, provisoriamente, los efectos
de los allí decidido.
En el pedido cautelar solicita: a) La continuidad del
funcionamiento del Comité Central de conformidad a lo dispuesto por
la Carta Orgánica de la UCR-Corrientes y la suspensión de toda
actividad que menoscabe el funcionamiento de ese cuerpo de
conformidad a lo dispuesto en la Ley 23.298 y, b) Se revoque la
decisión de la Convención de la utilización de la cuenta corriente,
correspondiente al partido político del caso, en el Banco Corrientes y
se autorice a que la misma siga a cargo de quien consideran tesorero
y del presidente del aludido Comité Central.
Funda su petición en lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 26.215,
modificada por Ley 26.774, expresando que el tesorero designado
bajo el imperio de tales recaudos fue sustituido de manera arbitraria e
ilegal por al acto cuya nulidad se pretende.
Cita la normativa que entiende aplicable al caso, el art. 20 de la
Ley 26215 y su modificatoria, los arts. 43, inc. E), 45 y 46 de la Carta

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Poder Judicial de la Nación

Orgánica partidaria, considerando que existe verosimilitud en el
derecho, como así también peligro en la demora por qué se puede
agravar la situación institucional del Partido Radical.
Peticiona con habilitación de días y horas inhábiles la medida
cautelar, bajo caución juratoria de responder por los daños y perjuicios
si fuera solicitada sin derecho.

II.- Que, a fs. 2299/2303 luce agregada acta confeccionada por
la Honorable Convención Provincial de la Unión Cívica Radical
correspondiente a la Reunión Extraordinaria de fecha 29 de abril del
presente año, en la cual se adoptaron distintas decisiones y, en lo que
aquí interesa, se procedió a la prórroga de la totalidad de los mandatos
de los Convencionales Provinciales de la Unión Cívica Radical hasta
el 15 de noviembre del 2024, dando por concluido los mandatos de los
miembros del Comité Central y asumiendo los miembros de la Mesa
Directiva de la Honorable Convención Provincial la conducción
partidaria hasta la proclamación de las autoridades que resulten
electas en el proceso electoral interno (ver presentación de fecha
06/05/24, del apoderado partidario Alfredo Oscar Vallejos).
III.- Que en cuanto a la decisión de la Convención que dispuso
que una vez concluidos los mandatos de los miembros del Comité
Central, la Mesa Directiva de la misma [Convención] asumirá la
conducción partidaria hasta la proclamación de las autoridades que
resultaren electas en el proceso electoral interno es acto que goza de
presunción de legitimidad y ejecutoriedad. A esa conclusión se arriba a
poco que se pondere que los Partidos Políticos son órganos
fundamentales del sistema republicano (art. 38 CN), y, en ese
cuadrante son personas públicas no estatales por lo su producción
jurídica goza de aquellos atributos y, sabido es que para obtener la
suspensión de los efectos del acto administrativo debe impugnarse

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sobre base prima facie verosímiles, lo que no se computa en el
concreto caso.
Mas aún en el limitado marco de cognición cautelar los
peticionantes no han alegado y, mucho menos probado, en qué
medida lo decidido por la Convención altera el orden público, que es
también, conforme reiterada y monocorde jurisprudencia de los
Tribunales superiores, requisito de procedencia de las medidas
suspensivas de los actos administrativos.

IV.- En cuando al restante agravio conducente, esto es la
solicitud de que quede sin efecto la decisión de la Convención de la
utilización de la cuenta corriente en el Banco Corrientes por las nuevas
autoridades y que, por el contrario, se autorice a que el movimiento
bancario siga a cargo del tesorero y del presidente del saliente Comité
Central, tampoco puede prosperar.
Sin perjuicio que, en este punto, cabe reproducir lo dicho infra
respecto de los atributos del acto de la Honorable Convención; dado
que, acuerdo al informe del actuario, el apoderado partidario Dr. Oscar
Martínez retiro el día 17 de mayo del presente año, dos libros de
inventario (uno completo y el otro debidamente rubricado y sellado con
las formalidades de estilo), y, teniendo en cuenta que el mismo
incidentista reconoce que el tesorero fue sustituido, es de presumir,
conforme el curso ordinario de las cosas, que los fondos partidarios
continuarían siendo administrados conforme la normativa contable
establecida en la Ley 26.215, modificada por la 26.774. Vale decir, los
hechos normales se presumen, quien alega la anormalidad debe
probarla, y tratándose de actos de administración, se reitera, sobre
bases prima facie verosímiles.
Es más, la misma norma citada por el peticionante –art. 18 de la
Ley 26.215 modificada por Ley 26.774-, indica que la administración
estará a cargo de un (1) tesorero titular y uno (1) suplente o sus

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equivalentes, lo que hace presumir que la administración se llevará a
cabo de conformidad a la

normativa vigente, no advirtiendo motivo serio que autorice el anticipo
de jurisdicción que se solicita.

V.- Los recaudos de viabilidad de las medidas cautelares deben
ser ponderados con especial prudencia, pues la finalidad de dichas
decisiones es asegurar el cumplimiento de un eventual
pronunciamiento favorable mas no lograr el fin perseguido
anticipadamente (art. 232 C.P.C. y C.N.),(C.S.J.N. Fallos: 326-2261
Voto del Dr. Belluscio).

VI.- Por ello, en análisis superficial, sumario y provisional
(fomus bonus iuris), de foco litigioso traído a conocimiento de esta
magistratura; la falta de sustento probatorio que permita dar por
acreditado el requisito de “versolimitud del derecho”, ni el del peligro
en la demora, indispensables para la habilitación de la medida que se
pretende debe rechazarse la medida cautelar peticionada.

Por ello corresponde y así:
RESUELVO: 1°) Rechazar la medida cautelar solicitada. 2°)
Notifíquese, regístrese y protocolícese.
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