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Nuevo Código Procesal Penal Federal: se registraron avances en la celeridad de las causas
El Poder Judicial de la Nación dio a conocer los primeros reportes de gestión de las oficinas judiciales para el período 2024 respecto al sistema acusatorio


En el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación y la Cámara Federal de Casación Penal publicaron los reportes de gestión 2024 de las oficinas judiciales de Salta, Rosario y Mendoza. Allí se destacaron los avances respecto a la celeridad en la tramitación de las causas y su efectividad a la hora de llegar a una resolución.


En el primer semestre del año, la Oficina Judicial Penal Federal de Salta informó que se solicitaron, fijaron y realizaron un total de 1487 audiencias, con un tiempo promedio de 31,6 minutos por audiencia y una duración media de 49,25 días para dar por cerrado el caso.

En la jurisdicción de Rosario, por su parte, entre el 5 de mayo y el 18 de septiembre ingresaron 108 carpetas en la etapa de garantías. De ellas, 39 fueron cerradas y 69 seguían en trámite. Además, se agendaron 157 audiencias, de las cuales se realizaron 140, con una tasa de éxito del 92,7%.


En Mendoza, a un mes y medio de la implementación del nuevo esquema procesal, se registraron 107 solicitudes de audiencias correspondientes a 95 carpetas judiciales, y el 100% de las audiencias programadas se llevaron a cabo exitosamente.

Los voceros judiciales señalaron que la puesta en marcha del sistema acusatorio requirió adecuaciones en infraestructura y personal. En Rosario y Mendoza, estas obras representaron una inversión cercana a los 736 millones de pesos. En Rosario, las mejoras incluyeron la adecuación del edificio de Boulevard Oroño 940, donde se reformaron tres salas de audiencias y se construyó una nueva para el Tribunal Oral Criminal N°3.


En Santa Fe, las obras realizadas incluyeron la mejora de la sala de audiencias y la alcaidía judicial del Tribunal Oral Criminal Federal en la calle Primera Junta 2687, y la reparación de cubiertas en los Juzgados Federales 1 y 2. La inversión total para todo ello fue de $658.887.394.


Asimismo, en la jurisdicción de Mendoza las refacciones incluyeron la puesta en valor de cuatro salas de audiencias en el edificio de España 483 y mejoras en San Rafael y San Juan, con una inversión de $75.933.686,67.

El sistema acusatorio en cuestión comenzó a aplicarse en Salta y Jujuy en 2019, en Rosario en mayo de este año, y en Mendoza en agosto pasado. Su modelo asigna a los fiscales la responsabilidad de investigar y promover las causas judiciales. Además, les otorga mayores facultades para realizar acuerdos de conciliación y reparación integral, con el objetivo de evitar juicios y reducir la carga del sistema penal en casos de menor complejidad. También permite que los fiscales impulsen el decomiso de bienes utilizados en la comisión de delitos.

A su vez, el nuevo Código Procesal Penal Federal, implementado según la Ley 27.063, elimina el expediente en papel, introduciendo la digitalización, el expediente electrónico y la firma digital, lo que agiliza los procesos judiciales. Las audiencias orales se llevan a cabo con la presencia del juez, las partes, el imputado, la víctima y la querella, permitiendo un contacto directo del magistrado con el conflicto. Además, los tiempos para la toma de decisiones se aceleran significativamente.

Entre las claves del sistema se destacan:

Oralidad: se elimina el expediente en papel, y el juez decide en audiencia.
Contradicción: las partes presentan sus hipótesis ante un juez imparcial.
Concentración: se busca la mayor cantidad de actividad procesal en audiencias multipropósito.
Inmediación: las pruebas se producen en presencia de los jueces.
Publicidad: las audiencias son públicas, salvo excepciones legales.
Simplicidad y celeridad: plazos breves y procesos ágiles.
Desformalización: eliminación de formalismos excesivos.
La implementación del nuevo esquema acusatorio en la Justicia Federal y Nacional Penal avanza de acuerdo al cronograma progresivo estipulado por el Ministerio de Justicia de la Nación, que contempla su extensión en todas las jurisdicciones del país.
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