Se trata de unas parcelas en la isla Turc and Caicos, que fueron compradas en el marco del lavado de dinero que llevó adelante Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner


La Cámara Federal resolvió este miércoles ordenar el decomiso anticipado de unos paradisíacos terrenos en las islas Turks and Caicos que pertenecían a Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Néstor Kirchner que -antes de morir- movió al menos 70 millones de dólares en el exterior con la compra de inmuebles en distintos puntos del mundo.


Con el aval de la fiscalía de Carlos Stornelli, la Unidad de Información Financiera (UIF), uno de los brazos querellantes del Gobierno en esta causa, reclamaba el decomiso anticipado. Esta medida es clave para el Gobierno Nacional y uno de los puntos que la UIF, encabezada por Ignacio Yacobucci, ha resaltado ante los miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), durante la última evaluación sobre Argentina.

El juez federal Julián Ercolini, había rechazado el planteo. Explicó que no podía tenerse como dueño de esos terrenos a Isaac Esparza, un curioso personaje que aparecía en redes sociales con pintorescos videos para promocionar apuestas.


Esparza, de nacionalidad mexicana, fue detenido y extraditado a Argentina. Fue un testaferro de Carlos Gellert, primo de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz. Tenía con él una deuda de juego y terminó firmando unos papeles sin preguntar demasiado. Deportado a la Argentina, Esparza quedó -como el resto- procesado por lavado de dinero.

Para Ercolini, en las islas hay un administrador de un fideicomiso que poseería derechos reales como garantía contra un préstamo. y en forma concurrente a otros similares otorgados en favor de otro acreedor, al tiempo que el presunto titular de los bienes continúa prófugo. Por eso, el juez entendió que había impedimentos para avanzar con el decomiso pretendido, aún después de encontrarse firme el procesamiento de Esparza Hidalgo por la maniobra de lavado de activos investigada.


Apelaciones mediante, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi decidieron avanzar con el decomiso. Ya en el 2020, la Cámara había dicho que “existían elementos probatorios que permitían considerar que las parcelas en cuestión fueron adquiridas por Muñoz mediante interpósitas personas con caudales de origen ilícitos”.

“Aún siguiendo la hipótesis del Juez instructor en referencia a la posible titularidad que se le atribuye a una persona que se encuentra prófuga en el proceso (v. orden de captura internacional vigente librada con fecha 11/02/2019 respecto de Sean Lawrence Sullivan); lo cierto es que esa condición también está prevista entre las causales que habilitan la procedencia del decomiso definitivo en forma anticipada”, sostuvieron en el fallo al que accedió Infobae.

Tras señalar que ni Carolina Pochetti ni Isaac Esparza objetaron el pedido, la Cámara Federal subrayó: “esta especial situación debe ser atendida en este caso concreto, más aún cuando -tal como lo describen como gravamen los letrados de la querella encabezada por la Unidad de Información Financiera- es el propio Magistrado quien se opone a la aplicación del instituto”. Y añadió que “respecto al presunto derecho de garantía que detentaría una persona denominada Charles Vavrus sobre los terrenos aquí implicados, coincidimos con la vindicta pública en cuanto a que: 1) no se halla fehacientemente corroborada su existencia y vigencia; y 2) no hay constancia alguna de que el nombrado impugnara las órdenes de restricción impartidas por las autoridades del territorio donde se hallan emplazadas las propiedades en litigio”.

“En consecuencia, encontrándose reunidos en las actuaciones los supuestos que viabilizan la medida peticionada, corresponde disponer el decomiso definitivo de las parcelas 60000/307, 60000/310, 60000/317 y 60000/327 ubicadas en North West and North Central Provinciales de las Islas Turcas y Caicos (artículos 23 y 305 del C.P.)”, se advirtió.

La decisión puede generar un antecedente clave en otros bienes que puedan ser decomisados en esta investigación y en otras.

El Tribunal Oral Federal 7 dispuso el último viernes que el juicio contra Cristina Kirchner, sus ex funcionarios y decenas de hombres de negocios, entre los que están los principales empresarios del país, comience el 6 de noviembre de 2025. Para el debate serán citados 625 testigos, de acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae. Son 174 acusados, entre los cuales figuran los acusados del lavado de dinero que rodeó a Daniel Muñoz.