El máximo tribunal desestimó el planteo contra el juez Lorenzetti. La resolución allana el camino para definir la condena por administración fraudulenta que pesa sobre la expresidenta.



La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este miércoles in limine la recusación presentada por Cristina Fernández de Kirchner contra el juez Ricardo Lorenzetti, quien integra el máximo tribunal que debe revisar su condena en la causa Vialidad.

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La decisión, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el propio Lorenzetti, despeja el camino para que la Corte decida si confirma la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada contra la expresidenta por administración fraudulenta.

El fallo se conoció dos días después de que Fernández de Kirchner anunciara su candidatura a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral de Buenos Aires, de cara a las elecciones del 7 de septiembre. Si para el 19 de julio, cuando cierra el plazo para presentar listas provinciales, su candidatura ya está oficializada, obtendría fueros según el artículo 69 de la Constitución Nacional.



La Corte consideró que la recusación carecía de fundamentos legales suficientes y que los hechos alegados por la defensa no fueron planteados oportunamente. Entre ellos, se cuestionaba que Lorenzetti se habría expresado públicamente sobre la necesidad de resolver la causa antes de las elecciones.

En paralelo, el máximo tribunal también tiene pendiente resolver dos planteos: el de la defensa de Cristina Kirchner, que pide su absolución, y el del procurador general Eduardo Casal, que respaldó el pedido de agravar la condena a 12 años de prisión por asociación ilícita, en línea con lo solicitado por el fiscal Mario Villar.

La causa investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas. Además de la expresidenta, fueron condenados otros exfuncionarios y empresarios vinculados al manejo de la obra pública nacional.



La decisión de la Corte tendrá un impacto judicial clave, pero también puede redefinir el tablero político: si confirma la condena antes del cierre de listas, impediría la candidatura de la exmandataria. De lo contrario, una vez inscripta como candidata, gozará de inmunidad de arresto y no podrá hacerse efectiva la inhabilitación.