El tribunal de Alzada declaró admisible la acusación contra Atta Gerala, señalado como integrante de una organización dedicada al saqueo de rieles del Belgrano Cargas y su traslado ilegal a Bolivia, con presunto uso de recursos municipales





Tras analizar los elementos acumulados durante la instrucción, la Cámara Federal de Salta resolvió enviar a juicio oral a Atta Miguel Gerala, el ex intendente de Estación Morillo, una localidad del departamento Rivadavia Banda Norte, en el norte de esa provincia. El histórico dirigente está acusado de integrar una organización dedicada al robo sistemático de rieles ferroviarios del Belgrano Cargas y su contrabando hacia Bolivia, con el presunto uso de recursos y bienes del municipio que dirigía.


La decisión, que declaró “admisible” la acusación del Ministerio Público Fiscal, fue adoptada este viernes por la jueza María Inés Catalano de la Sala II del tribunal de Alzada. La hipótesis de la fiscalía sostiene que la maniobra se desarrolló durante meses en el norte salteño y con la presunta connivencia de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad.


La investigación se inició el 23 de agosto de 2023, cuando personal del Correo Argentino denunció ante la Policía Federal en Salta la existencia de un cargamento de 480 neumáticos en sus oficinas ubicadas sobre la Ruta Nacional 51, con destino a distintos puntos del país. La intervención de la Aduana permitió establecer que parte de esa mercadería era de origen extranjero y estaba vinculada a envíos facturados a nombre del comerciante David Edilberto Medina, radicado en la ciudad de Orán.


Si bien las facturas resultaron ser originales, la pesquisa avanzó sobre el rol de Medina, quien en septiembre de 2023 accedió a una suspensión del proceso a prueba por encubrimiento de contrabando. A partir de ese punto, la Unidad Fiscal profundizó la investigación y detectó que el comerciante carecía de capacidad económica y registral para operar de manera legal, aunque administraba galpones y coordinaba el transporte del material ferroviario hacia zonas cercanas a la frontera con Bolivia.


La investigación judicial apunta al robo de rieles del ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas y su posterior contrabando hacia Bolivia

Ese hallazgo derivó en averiguaciones aún más amplias, que permitieron detectar una red dedicada al robo de rieles ferroviarios del ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas, en los tramos de Pluma de Pato, Dragones y Padre Lozano, en el norte de la provincia.

Así las cosas, y siempre según la acusación admitida por la Cámara, Gerala habría tenido un rol central en las maniobras ilícitas analizadas en este expediente. En efecto, la acusación plantea que, durante su gestión como jefe comunal, el ex dirigente permitió la utilización de herramientas y maquinaria municipales -amoladoras, soldadoras y generadores- para extraer rieles de las vías férreas mediante tareas que eran realizadas por personas de comunidades originarias, contratadas para el corte y traslado del material.

Los rieles sustraídos eran luego acopiados en predios municipales y en fincas privadas al límite con Bolivia, desde donde resultaban trasladados al país vecino por pasos fronterizos no habilitados para su posterior fundición y venta como chatarra.

Uno de los episodios consignados en el expediente ocurrió el 18 de mayo de 2024 en la localidad de Padre Lozano, cuando dos camiones fueron interceptados transportando unos 180 rieles sin documentación, valuados en más de 414 millones de pesos. Uno de los choferes declaró haber sido contratado directamente por el ex intendente para trasladar la carga.


El avance de la pesquisa derivó en una serie de allanamientos realizados el 31 de octubre de 2024. En un domicilio vinculado a Gerala se secuestraron 15 rieles ferroviarios, herramientas de corte y equipos de generación eléctrica, con un valor superior a 13 millones de pesos. Además, en una finca cercana al río Bermejo se incautaron otros 150 rieles adicionales, valuados en más de 130 millones de pesos.

El análisis de ese material permitió reconstruir, según la fiscalía, la logística del robo, el transporte y el contrabando, y avanzar sobre la presunta complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad y de otros integrantes de la presunta banda. Allí quedó involucrado José Miguel Gerala, hijo del ex jefe comunal, señalado como quien coordinaba la extracción de los rieles y suministraba herramientas. A su vez, David Edilberto Medina fue señalado como el encargado del acopio y la logística del traslado hacia la frontera.

Por otro lado, la resolución firmada este viernes por la jueza Catalano también declaró admisible la acusación contra Mauro Daniel Alejandro Rodríguez, policía de la provincia de Salta y ex jefe del destacamento de Pluma de Pato, imputado por "cohecho pasivo“. De acuerdo a la acusación, Rodríguez habría liberado zonas y coordinado horarios para permitir la extracción de las vías, a cambio de pagos, evitando controles policiales. La hipótesis acusatoria menciona, además, la presunta participación de personal de Gendarmería Nacional en el cruce del material hacia Bolivia.

El perfil político y la decisión final

Gerala, de 70 años, fue intendente de Estación Morillo, también conocida como Coronel Juan Solá, una localidad de alrededor de 10.000 habitantes, ubicada a 411 kilómetros de la ciudad de Salta, en el departamento Rivadavia Banda Norte, en una región del Chaco salteño lindante con Bolivia. Ejerció la jefatura comunal durante casi 30 años, hasta que el municipio fue intervenido en noviembre de 2024.

Al momento de los hechos investigados, revestía la calidad de funcionario público, circunstancia que la fiscalía invocó como agravante. Actualmente, permanece bajo arresto domiciliario, con controles flexibilizados.


En su sentencia, la Cámara Federal validó la acusación contra Gerala como "coautor" de los delitos de contrabando agravado, robo agravado y malversación de caudales públicos, con un pedido de 11 años de prisión e inhabilitaciones. También aprobó la acusación contra Rodríguez, con un pedido de tres años de cárcel de ejecución condicional.

El fallo prorrogó las medidas de coerción vigentes, mantuvo la prohibición de contacto con testigos y dispuso que el control sobre Gerala pueda realizarse mediante geolocalización o videollamadas, al considerar que “estuvo siempre a derecho”. Finalmente, ordenó remitir el expediente al Tribunal Oral Federal de Salta, que deberá llevar adelante el debate público.